La posibilidad de pagar con tarjeta, transferencia o código QR puede facilitar una compra. También puede hacer más sencilla la operación de un comercio, reducir ciertas tareas administrativas y ampliar las formas en que un negocio recibe dinero.
Pero hay una diferencia importante entre promover una tecnología y establecer condiciones para que su uso sea obligatorio.
Esa diferencia está en el centro de la discusión sobre la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, cuyo proyecto fue aprobado por el Senado de la República el 20 de octubre de 2026 y remitido al Ejecutivo federal para el trámite constitucional correspondiente.
El comunicado del Senado presenta la propuesta como una medida para impulsar la economía digital y ampliar el uso de los pagos electrónicos. El objetivo declarado es relevante: aprovechar la infraestructura disponible y facilitar que más personas puedan utilizar medios de pago digitales.
Sin embargo, para entender el alcance de la propuesta no basta con conocer sus beneficios esperados. También hay que examinar las obligaciones que contempla, las facultades que concede y las condiciones materiales que existen para cumplirla.
La pregunta no es si México debe modernizar sus medios de pago, sino cómo hacerlo sin perder de vista las diferencias entre los negocios y las personas que tendrán que utilizar esa infraestructura.
¿Qué propone la Ley de Economía Digital?
La propuesta busca promover la adopción y la implementación de medios de pago electrónicos y digitales en el país.
De acuerdo con la información del proceso legislativo, contempla varias medidas que conviene distinguir.
1. Facilitar la contratación digital de servicios financieros.
La propuesta contempla que la CURP Digital sea aceptada como un mecanismo de confianza para contratar servicios financieros de manera digital. También prevé que las personas usuarias puedan identificarse mediante la CURP Digital u otro mecanismo de identificación oficial, conforme a las condiciones previstas en el proyecto.
El propósito es facilitar la contratación sin depender necesariamente de procesos presenciales. Su efectividad, no obstante, dependerá de la implementación y de los requisitos aplicables a cada servicio.
2. Ampliar la recepción de pagos electrónicos.
El proyecto establece obligaciones para los proveedores de bienes y servicios y para las autoridades de los tres órdenes de gobierno relacionadas con la habilitación de infraestructura, la información sobre los medios de pago disponibles y la atención de contingencias.
Esto significa que la propuesta no se limita a invitar a los establecimientos a modernizarse. Busca que existan condiciones para recibir esos pagos y que se promueva su utilización.
3. Incorporar los pagos digitales a trámites y servicios públicos.
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno tendrían que realizar acciones para aceptar medios de pago electrónicos y digitales en la atención de trámites y servicios.
La medida puede reducir desplazamientos y facilitar determinadas operaciones, siempre que los medios habilitados sean accesibles y funcionen de manera confiable.
4. Establecer reglas para las contingencias.
El proyecto contempla que, cuando una contingencia imposibilite recibir pagos electrónicos o digitales, se permita pagar en efectivo o mediante cheque.
Este punto es importante porque reconoce que la infraestructura tecnológica puede fallar. La continuidad de las operaciones no puede depender de suponer que todos los sistemas funcionarán en todo momento.
Estos elementos se encuentran descritos en el seguimiento legislativo oficial de la propuesta. Para determinar su alcance jurídico definitivo es necesario consultar el texto aprobado y el decreto que, en su caso, se publique.
El punto que merece mayor atención: ¿dónde podrían ser obligatorios los pagos digitales?
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la facultad prevista para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine sectores estratégicos y actividades relevantes en los que los pagos digitales puedan convertirse en la única forma de pago, bajo las condiciones y los plazos de transición correspondientes.
Esto cambia el alcance de la discusión.
Cuando un negocio decide aceptar pagos digitales porque sus clientes los prefieren, estamos ante una decisión comercial. Cuando una disposición normativa puede exigir determinados medios de pago para ciertas actividades, estamos ante una obligación que debe analizarse desde otra perspectiva.
No significa que el efectivo vaya a desaparecer inmediatamente de todos los establecimientos. Tampoco permite afirmar que todos los comerciantes tendrán que dejar de aceptarlo desde la entrada en vigor de la ley.
Lo que sí plantea es una pregunta concreta: ¿con qué criterios se decidirá qué sectores estarán sujetos a esa modalidad y qué condiciones deberán cumplir antes de que se aplique?
La respuesta importa porque no todos los negocios operan bajo las mismas circunstancias. Una cadena comercial, una farmacia independiente, una tienda de barrio y un pequeño productor pueden tener capacidades tecnológicas, volúmenes de venta y necesidades muy diferentes.
Una política general puede perseguir un objetivo legítimo, pero su aplicación necesita considerar las particularidades de las actividades que regula.
La infraestructura disponible no significa acceso universal
Uno de los argumentos centrales a favor de la digitalización es que permite aprovechar la infraestructura financiera y tecnológica existente. Sin embargo, disponer de herramientas de pago en el país no equivale a garantizar que todas las personas y todos los establecimientos puedan utilizarlas en condiciones semejantes.
Para recibir pagos digitales pueden ser necesarios un dispositivo, conectividad, una cuenta o un contrato con un proveedor, además de los costos asociados al servicio. Las condiciones concretas dependen del medio de pago y del proveedor elegido.
También existen diferencias en la calidad de la conexión, la disponibilidad de servicios y la capacidad de resolver incidencias.
Por eso, una evaluación seria debe distinguir entre dos objetivos: ampliar la disponibilidad de medios digitales y garantizar que su utilización sea viable para quienes deban adoptarlos.
La primera medida puede facilitar la segunda, pero no la sustituye.
Si una actividad queda sujeta a la recepción obligatoria de pagos digitales, será relevante saber qué alternativas existen ante una interrupción, qué condiciones se exigen a los proveedores y cómo se atenderán los casos en los que el establecimiento no pueda operar por causas ajenas a su voluntad.
El proyecto contempla el tratamiento de contingencias, pero la efectividad de esa protección dependerá de las reglas aplicables y de su funcionamiento en la práctica.
¿Quién paga la digitalización de un negocio?
Para un comerciante, incorporar un medio de pago no es una decisión puramente tecnológica. También es una decisión económica.
Puede haber costos por el equipo, la contratación del servicio, las comisiones por transacción o la conectividad. No todos los proveedores cobran lo mismo ni todos los medios de pago funcionan bajo las mismas condiciones.
En un establecimiento que realiza muchas operaciones y tiene márgenes suficientes, esos costos podrían compensarse con mayores ventas, una administración más sencilla o la posibilidad de atender a más clientes.
En otro negocio, particularmente uno con ventas pequeñas y márgenes reducidos, el resultado podría ser distinto.
Pensemos en una tienda que vende productos de bajo precio. Si una parte importante de sus clientes ya paga en efectivo, el comerciante necesita conocer cuánto le costaría incorporar otros medios y qué beneficios concretos obtendría. Si la aceptación digital le permite vender a personas que antes no podían comprar, el cálculo cambia.
No hay una respuesta universal. Lo que sí debe existir es información suficiente para evaluar los costos y las condiciones del servicio.
La discusión legislativa sobre pagos digitales debe considerar esta realidad. Si se establecen obligaciones, es razonable examinar no solo quién debe cumplirlas, sino también qué infraestructura se requiere, qué costos podrían generarse y qué mecanismos existen para que la transición sea viable.
Digitalizar los pagos no equivale a resolver todos los problemas del comercio
La propuesta también se ha vinculado con objetivos como la inclusión financiera, la eficiencia y la formalización de la actividad económica.
Es importante no confundir esos objetivos con resultados garantizados.
Un pago electrónico puede generar un registro útil de una operación. Eso no significa, por sí solo, que un negocio haya cumplido todas sus obligaciones fiscales, comerciales o administrativas. Tampoco implica que la digitalización resuelva automáticamente problemas de productividad, financiamiento o acceso a mercados.
Cada uno de esos asuntos requiere medidas y condiciones específicas.
Por la misma razón, no sería correcto asumir que los pagos en efectivo son necesariamente indicio de informalidad o que todos los negocios que aceptan medios digitales están mejor administrados. La forma de cobro es un elemento de la operación comercial, no una medida completa de su desempeño o cumplimiento.
Una política pública puede contribuir a determinados objetivos, pero su impacto debe evaluarse a partir de sus resultados, no únicamente de las intenciones que la acompañan.
Qué deberían revisar los negocios
Antes de realizar inversiones o modificar sus procesos, los empresarios pueden empezar por conocer su situación actual.
Conviene identificar qué medios de pago utilizan sus clientes, qué proporción de las ventas se realiza por cada vía y cuánto cuesta recibir el dinero. También es útil revisar las condiciones de los proveedores, los plazos para disponer de los recursos y los procedimientos para aclarar operaciones.
A eso debe añadirse un plan para atender interrupciones. Si una falla tecnológica impide cobrar, el establecimiento necesita saber qué alternativas tiene y cómo informar a sus clientes.
Finalmente, los negocios deben mantenerse atentos al desarrollo normativo. La aprobación legislativa no debe confundirse con la publicación y entrada en vigor del decreto. Las obligaciones concretas, sus plazos y las reglas de aplicación deben comprobarse en las disposiciones oficiales correspondientes.
Prepararse no significa asumir anticipadamente que cualquier cambio será obligatorio para todos. Significa conocer las condiciones del negocio y verificar qué reglas le resultan aplicables.
Modernizar también significa diseñar bien las reglas
La economía digital ofrece oportunidades reales. Los pagos electrónicos pueden facilitar operaciones, ampliar opciones para los consumidores y simplificar determinados procesos comerciales.
Pero esos beneficios no eliminan la necesidad de examinar cómo se implementan las medidas que buscan impulsarlos.
A mi juicio, el punto central no es oponerse a la digitalización ni dar por hecho que cualquier obligación en esta materia será beneficiosa. Es exigir claridad sobre su alcance, los criterios para aplicarla, las condiciones de cumplimiento y las alternativas ante las fallas.
Cuando una política pública modifica la forma en que las personas pagan y los negocios cobran, su evaluación debe ir más allá de la tecnología. También debe considerar los costos, el acceso efectivo a la infraestructura y las diferencias entre quienes estarán sujetos a sus disposiciones.
La modernización no se mide únicamente por la cantidad de operaciones digitales que se realizan. También importa que las reglas sean claras, que puedan cumplirse en las condiciones previstas y que los beneficios esperados se contrasten con los resultados reales.
La discusión sobre esta ley apenas abre esas preguntas. El siguiente paso es revisar el texto definitivo y las reglas que se emitan para conocer con precisión qué cambiará, para quiénes y bajo qué condiciones.
Fuentes de consulta
- Senado de la República: comunicado sobre el proyecto de Ley de Economía Digital.
- Sistema de Información Legislativa: seguimiento del proceso legislativo.
- Sistema de Información Legislativa: contenido y objeto de la propuesta.
La información contenida en este artículo es de carácter informativo y no constituye asesoría jurídica formal.
